30 de agosto de 2026.
Compañeros y compañeras:
Otro año más nos encontramos aquí, en una fecha profundamente significativa para nuestra Asociación. Este día es el resultado de una larga conquista de las asociaciones de Madres y Familiares nucleadas en FEDEFAM, que desde los años ochenta reclamamos no solamente una fecha, sino también una categoría capaz de nombrar esa situación tan particular en la que se encontraban —y aún se encuentran—nuestros seres queridos.
Y si algo hemos construido a lo largo de todos estos años es que esta búsqueda ya no nos pertenece solamente a nosotras. Este reclamo se convirtió en una demanda de todo un pueblo. Esa es también una de nuestras mayores certezas después de tantos años: esta demanda tiene continuidad, tiene recambio y tiene futuro. Porque existe una sociedad dispuesta a preguntar, a buscar y a no aceptar el silencio.
Fue esa lucha sostenida durante décadas la que permitió que, en diciembre de 2010, las Naciones Unidas establecieran el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: una fecha para recordar, pero también para exigir respuestas. Este 2026 se cumplen, además, veinte años de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Con el paso de los años nuestro reclamo se transformó. De aquel “vivos los llevaron, vivos los queremos” pasamos a exigir saber qué hicieron con ellos, dónde están y que nos devuelvan sus restos que hasta hoy continúan secuestrados.
Que sigan desaparecidos, décadas después, es inaceptable. Porque existen archivos, testimonios, registros y personas que saben. La desaparición no fue casual: fue una práctica estatal realizada orgánicamente por las FFAA y su responsabilidad permanece mientras no haya respuestas.
Y mientras nosotras seguimos buscando a los nuestros, nuevas personas son desaparecidas y nuevas familias comienzan a transitar ese mismo camino de incertidumbre, angustia y ausencia. En distintos rincones del mundo, bajo contextos políticos y sociales diversos —vinculados a la represión estatal, el narcotráfico, la trata y otras formas de violencia—, la desaparición continúa siendo utilizada como instrumento de persecución, control y terror. Por eso, el Nunca Más no es una consigna anclada en el pasado: es una exigencia urgente del presente.
En 2026, la propia agenda de Naciones Unidas volvió a mostrar la dimensión global de este crimen: sus mecanismos especializados identificaron casos de desaparición forzada en 44 estados.
Observar lo que ocurre en otras partes del mundo nos obliga a mirar hacia nuestro propio país, donde conocemos demasiado bien las consecuencias de la desaparición forzada y, sin embargo, más de cincuenta años después, todavía seguimos esperando respuestas.
Como hemos señalado históricamente, la lista de personas detenidas desaparecidas es una lista abierta. Hoy nuestra lista comprende 205 personas detenidas desaparecidas bajo responsabilidad o aquiescencia del Estado uruguayo. Existen, además, 81 denuncias que continúan en análisis por parte del Equipo de Investigación. Todo esto evidencia cuánto resta por conocer y reafirma una responsabilidad ineludible del Estado.
Cuando observamos algunas decisiones adoptadas durante este último año, esas deudas se vuelven aún más evidentes. Se contrató como asesora jurídica del despacho del comandante en jefe del Ejército, a Graciela Figueredo, defensora de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Decisión que, ante el rechazo de las organizaciones de la sociedad civil, fue dejada sin efecto por la Ministra, quien además pidió disculpas públicamente.
También se modificó, sin consulta ni aviso previo, la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos, alterando competencias vinculadas al pasado reciente. Y queremos decirlo con claridad: las deudas pendientes no se resuelven con cambios orgánicos ni con decretos. Las estructuras pueden cambiar; las obligaciones del Estado permanecen y para cumplirlas se necesita voluntad política.
Hace más de cincuenta años que buscamos a nuestros familiares; más de cuarenta desde la recuperación democrática; y más de veinte desde que, por primera vez, se ingresó a un cuartel para buscarles. Ya no es tiempo de pedir paciencia ni de administrar lentamente las respuestas, es momento de que el Estado cumpla.
Hasta hoy, ningún gobierno ha dado la orden que seguimos exigiendo: que el presidente de la República instruya a las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posean sobre el destino y el paradero de nuestros familiares. No estamos pidiendo un gesto simbólico, es una decisión política concreta.
Podemos contar que, con calor, frío, lluvia o truenos, el GIAF sigue buscando, removiendo la tierra, releyendo documentos y testimonios, intentando encontrar pequeños huecos de luz con una información cada vez más escasa.
También sabemos y respaldamos la labor de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. De la seriedad y minuciosidad con que aborda cada caso: relevando testimonios, contrastando pruebas, reconstruyendo hechos. Por eso preocupa que se siga apelando a la supuesta ausencia de “prueba fehaciente”. Pruebas hay: la Fiscalía acusa, y jueces y tribunales condenan.
Pero resulta contradictorio que, mientras el Senado uruguayo pide información para encontrar a nuestros detenidos desaparecidos, un poco más al norte, el Consulado de Uruguay en Miami otorgue una fe de vida a Roberto Freddy Amorín Maciel, aviador retirado de la Fuerza Aérea, prófugo de la Justicia y requerido internacionalmente, investigado por torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza y por la desaparición de José Arpino Vega.
Este caso no es aislado. Seguimos esperando que la Ministra de Defensa cumpla la promesa realizada en mayo de 2025 de suspender el pago de haberes a los militares prófugos de la Justicia, que actualmente son quince. Pedimos algo básico, que comparezcan ante la Justicia y que sea ésta la que determine su responsabilidad, con el debido proceso que nuestros familiares jamás tuvieron. Hasta ahora, las suspensiones se han dispuesto a pedido de la Fiscalía Especializada y para casos concretos. Lo que reclamamos es una respuesta general y coherente del Estado. Las herramientas existen; falta aplicarlas.
Tampoco podemos permanecer ajenos ante la insistencia en otorgar la libertad anticipada o prisión domiciliaria a los militares recluidos en Domingo Arena. Quienes lo promulgan varían, pero persiste el mismo riesgo: establecer mecanismos que, bajo falsos argumentos humanitarios se termine beneficiando específicamente a responsables del terrorismo de Estado.
Esta preocupación no es solamente nuestra: el Grupo de Trabajo de sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Comité contra la Desaparición Forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han advertido sobre el riesgo de que este tipo de normas generen vías indirectas de impunidad.
Por eso queremos ser claros: no estamos en contra de la libertad anticipada, ni de la prisión domiciliaria ni de avanzar hacia un sistema penitenciario más humano. Lo que rechazamos son privilegios, automatismos o mecanismos especiales para responsables de crímenes de lesa humanidad. Humanizar las penas es una obligación democrática; convertir esa legítima preocupación en una vía de impunidad es otra cosa.
Repudiamos también enérgicamente las recientes expresiones del director de la INDDHH Marcos Israel, que estigmatizan a organizaciones sociales y de derechos humanos y llegan a asociar sus posiciones con el racismo y con supuestos “vientos de totalitarismo”. No es admisible que quien ocupa un lugar de dirección en la Institución llamada precisamente a proteger y promover los derechos humanos, utilice ese espacio para atacar a organizaciones que históricamente los han defendido, mientras justifica un genocidio.
Y cuando hablamos de garantías de no repetición, también tenemos que mirar el presente. Nos preocupa que persistan dentro de las FF AA espacios de formación, articulación y prácticas atravesadas por concepciones vinculadas a la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Lo que una sociedad deja sin resolver, lo que tolera, silencia o naturaliza, continúa proyectándose sobre el presente.
El terrorismo de Estado no afectó solamente a quienes fueron perseguidos: atravesó a toda la sociedad. Y aquello que no fue plenamente esclarecido y juzgado también nos atraviesa hoy; por eso esta lucha termina siendo mucho más amplia.
La vida de nuestros familiares no puede repararse y hay daños que ningún Estado puede deshacer. Pero precisamente por eso tiene la obligación de hacer todo lo que todavía sí puede realizar: buscar, esclarecer, juzgar y garantizar que nunca vuelva a ocurrir.
Nuestros familiares siguen presentes no solamente en nuestros recuerdos, sino también en una sociedad que aprendió a preguntar, a desconfiar del silencio, a reconocer la injusticia y a no mirar para otro lado. Por eso podemos mirar hacia adelante con una certeza: esta causa no termina con nosotros y nosotras.
Seguiremos buscando a los nuestros con esa ternura obstinada de siempre, pero también pensando en quienes vienen. Para dejarles un país más libre, más justo y menos temeroso; una sociedad que no mire para otro lado y una democracia donde nadie tenga que vivir con miedo y donde los derechos sean realmente para todos y todas.
Quizás esa sea también nuestra manera de vencer a quienes quisieron desaparecerles: demostrar, todos los días, que no pudieron borrar sus nombres, sus historias, sus ideas ni aquello que sembraron. Porque hay un país que recuerda, que pregunta y que exige. Y porque mientras haya memoria, mientras haya búsqueda y mientras haya nuevas generaciones dispuestas a continuarla, no vamos a claudicar.
Por ellos, por ellas, por nosotras y por quienes vienen: Verdad, memoria, justicia.
Nunca más terrorismo de Estado
